Por Manuel Urquiza
La sentencia del caso conocido como “La Mufasa” dejó una sensación que difícilmente puede ignorarse: para muchos queretanos, la justicia volvió a quedarse corta.
Cuatro años y 11 meses de prisión por un hecho de tránsito en el que murieron dos personas, con la posibilidad de acceder a beneficios previstos por la ley una vez cumplidos determinados requisitos.
Jurídicamente puede ser una resolución válida, pero socialmente deja una pregunta incómoda: ¿de verdad ese es el mensaje que Querétaro quiere enviar a quienes deciden conducir bajo los efectos del alcohol?
Este miércoles, el gobernador Mauricio Kuri González declaró que deben existir castigos más severos para quienes provoquen la muerte de una persona en un accidente vial. También respaldó la iniciativa anunciada por el alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías, para endurecer las sanciones y señaló que será el Congreso del Estado quien discuta la reforma.
Las palabras suenan bien. El problema es que llegan cuando el caso ya terminó.Después de varios años de gobierno, cuesta entender por qué este reconocimiento aparece hasta ahora. Si las penas resultaban insuficientes, ¿por qué no se impulsó una reforma desde hace años? ¿Cuántas familias más tuvieron que perder a un ser querido para aceptar que la legislación necesitaba cambiar?
Después de varios años de gobierno, cuesta entender por qué este reconocimiento aparece hasta ahora. Si las penas resultaban insuficientes, ¿por qué no se impulsó una reforma desde hace años? ¿Cuántas familias más tuvieron que perder a un ser querido para aceptar que la legislación necesitaba cambiar?
La realidad es que la administración estatal entra en su último tramo. A poco más de un año de concluir el sexenio, es legítimo preguntarse si esta iniciativa alcanzará a convertirse en una realidad o si terminará siendo una declaración más, pronunciada frente a los micrófonos, pero sin tiempo para traducirse en resultados concretos.
Las buenas intenciones no salvan vidas. Las leyes sí.
Y aquí la responsabilidad no es únicamente del Ejecutivo. También recae sobre el Congreso local. Los diputados del PAN, que cuentan con la mayoría y representan la principal fuerza política en Querétaro, tienen la obligación de encabezar una reforma seria para endurecer las sanciones contra quienes, por conducir de manera irresponsable, terminan arrebatando vidas. Morena y el PRI también deberán demostrar con su voto si realmente están del lado de las víctimas o si permitirán que todo quede en un debate pasajero.
Sin embargo, la responsabilidad tampoco puede limitarse al Poder Legislativo. La Fiscalía General del Estado sostiene que el procedimiento concluyó conforme a la ley, mediante un procedimiento abreviado, la aceptación de responsabilidad de la imputada y los acuerdos alcanzados con las víctimas indirectas. Jurídicamente puede ser correcto, pero el resultado vuelve a abrir el debate sobre si la actuación de las instituciones y el marco legal vigente realmente están respondiendo a la gravedad de estos casos.
Cuando una tragedia de esta magnitud termina con una sanción que buena parte de la sociedad considera insuficiente, la confianza ciudadana inevitablemente se pone a prueba.
El caso “La Mufasa” debería marcar un antes y un después en Querétaro. No para alimentar el morbo ni para convertir una tragedia en bandera política, sino para impulsar una legislación que realmente proteja la vida y haga pensar dos veces a quien pretende tomar el volante después de consumir alcohol.
Porque las familias de las víctimas ya pagaron el precio más alto. Los queretanos ya escuchamos las declaraciones, las promesas y los llamados a endurecer las penas. Ahora hacen falta decisiones y votos que conviertan esas palabras en ley.
Si de verdad existe voluntad política, el momento de actuar es hoy, no cuando el reloj del sexenio está por agotarse.
