Querétaro, Qro.- Una disputa por terrenos y derechos de agua en el municipio de Huimilpan escaló a denuncias públicas y señalamientos contra el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, a quien integrantes de la familia Urquiza acusan de utilizar recursos legales y presuntas conexiones con autoridades locales para intentar quedarse con un predio y un pozo de agua.
Pamela Urquiza Lindacher denunció que su familia enfrenta un conflicto por los ranchos “La Haciendita” y “El Salto”, este último con una concesión de aproximadamente 360 mil metros cúbicos de agua al año, situación que, afirmó, sería uno de los principales motivos de la disputa.
De acuerdo con la familia, el conflicto comenzó a intensificarse desde 2023, cuando la empresa MJF Campestre, de la que señalan que Domínguez Servién posee el 60 por ciento de las acciones y es apoderado, planteó desarrollar un proyecto inmobiliario en terrenos de los Urquiza mediante un fideicomiso.
Según la versión expuesta por la familia, el esquema contemplaba una distribución de las ganancias de 80 por ciento para la empresa desarrolladora y 20 por ciento para los propietarios, pero —aseguran— el documento no establecía con claridad plazos, condiciones de cumplimiento ni penalizaciones.
Los Urquiza sostienen que María Guadalupe Fernández Villanueva, integrante de la familia y propietaria de “La Haciendita”, fue presuntamente engañada y presionada para participar en dicho fideicomiso. Posteriormente, uno de sus familiares, Agustín Urquiza, habría donado el rancho “El Salto” a Julián y Pamela Urquiza con el objetivo de proteger el patrimonio familiar.
La familia afirma que esta decisión derivó posteriormente en una serie de acciones legales y denuncias penales.
Pamela Urquiza señaló que mientras el proyecto inmobiliario no ha avanzado en “La Haciendita”, en el lugar se habrían instalado sembradíos, los cuales, dijo, requieren del agua proveniente del pozo ubicado en “El Salto”.
“La Haciendita no tiene agua, se nutre del agua del pozo que está en El Salto. (…) En lugar de estar desarrollando La Haciendita conforme lo marca el fideicomiso, está sembrando y como está sembrando necesita el agua”, afirmó.
La familia considera que el acceso al recurso hídrico estaría detrás de la presión para obtener el control de “El Salto”.
Señalan presunta intervención de autoridades
Además del conflicto patrimonial, los Urquiza y sus abogados acusaron públicamente la existencia de una presunta red inmobiliaria en Querétaro en la que, según su versión, participarían particulares y funcionarios de distintas instituciones para presionar a propietarios mediante procedimientos judiciales y carpetas de investigación.
Como parte del conflicto, la Fiscalía General del Estado de Querétaro abrió una carpeta de investigación en contra de integrantes de la familia. Agustín Urquiza fue vinculado a proceso por el delito de administración fraudulenta, mientras que Julián y Pamela Urquiza fueron vinculados por fraude procesal, de acuerdo con lo expuesto por sus abogados.
La defensa sostiene que estos procedimientos derivaron de una disputa civil relacionada con la propiedad de “El Salto”, iniciada por María Guadalupe Fernández y asesorada, según su versión, por abogados vinculados con la empresa MJF Campestre.
Pamela Urquiza también cuestionó el argumento de que el exgobernador estaría protegiendo a una persona adulta mayor dentro del conflicto familiar.
“Qué forma más elegante la de robar. Jactándote de que ayudas a una persona mayor. (…) Ella está engañada y se están aprovechando de ella”, declaró.
La familia también señaló una presunta cercanía entre Francisco Domínguez, el gobernador Mauricio Kuri González y el titular de la Fiscalía estatal, al considerar que dicha relación podría dificultar que las instituciones locales actúen de manera imparcial. Estos señalamientos fueron planteados por los denunciantes, sin que en la información proporcionada se presenten resoluciones judiciales que acrediten una colusión entre las autoridades mencionadas.
Piden intervención federal
Ante lo que consideran una actuación coordinada de distintas instancias locales, la familia Urquiza informó que el caso fue presentado mediante una carta entregada a la oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 11 de febrero, con la petición de que autoridades federales conozcan e investiguen el conflicto.
Los integrantes de la familia buscan que se revise la actuación de las autoridades locales y se determine si existió algún tipo de irregularidad o abuso en los procedimientos emprendidos en su contra.
“Estamos peleando en un terreno enemigo contra todas las instituciones del Estado coludidas entre sí. Es un llamado de auxilio”, expresó Pamela Urquiza.
La disputa mantiene como puntos centrales la propiedad de los terrenos, el fideicomiso propuesto para el desarrollo inmobiliario y, particularmente, el control del pozo de agua de “El Salto”, en medio de una creciente preocupación por la disponibilidad y administración del recurso hídrico en Querétaro.
