El político ha señalado anteriormente la importancia de evitar que los cargos públicos se utilicen para obtener beneficios personales; pide cero tolerancia a la corrupción y que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias.
Querétaro, Qro.— Manuel Urquiza estará atento al desarrollo de la investigación de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) que señala una presunta red internacional de tráfico ilegal de mercurio, en la que se menciona a una exfuncionaria identificada con el Partido Acción Nacional (PAN).
De acuerdo con el informe, Atziri Alejandra Pulido Briseño, quien se desempeñó como secretaria de Administración del municipio de Querétaro durante el periodo 2018-2021, es señalada como socia del empresario Juan José Zamorano Dávila, identificado como presunto líder de esta red.
Ante estos señalamientos, el caso cobra relevancia por la posible relación de una exfuncionaria pública con actividades que actualmente son objeto de investigación.
Manuel Urquiza ha expresado anteriormente su postura contra el uso de los cargos públicos para obtener beneficios personales, al considerar que quienes sirven a la ciudadanía deben conducirse con transparencia, responsabilidad y apego a la ley.
En este contexto, dará seguimiento a la evolución del caso y a las acciones que emprendan las autoridades para esclarecer los hechos.
La postura es clara: cero tolerancia a la corrupción, al tráfico de influencias y al uso indebido del servicio público. Si existen responsabilidades, deben investigarse y sancionarse conforme a la ley, sin privilegios ni distinciones partidistas.
Cabe precisar que los señalamientos forman parte de una investigación y no constituyen, por sí mismos, una declaración judicial de culpabilidad.
Además, el informe de la EIA advierte sobre el presunto control del Cártel Jalisco Nueva Generación en cinco minas de Querétaro, así como del impacto ambiental y los riesgos para la salud derivados del tráfico ilegal de mercurio.
Para Manuel Urquiza, el seguimiento de estos casos es fundamental para exigir transparencia y garantizar que ningún cargo público se convierta en una herramienta para obtener beneficios particulares.
